Frank Mugisha, el activista LGBT+ ugandés, lo describió como "un día profundamente triste para la comunidad queer de Uganda". 

La ley había estado en trámite durante algún tiempo. En marzo, el parlamento aprobó una propuesta que el presidente devolvió, junto con una solicitud para suavizarla un poco. Los gobiernos occidentales advirtieron a Uganda de que la implementación de la ley tendría consecuencias sobre la ayuda financiera al país. La presidenta del parlamento describió entonces la ley como una resistencia contra los valores occidentales y afirmó que Occidente destruiría los "estándares de decencia" en su país. Si bien en la versión suavizada de la ley ya no es delito identificarse como persona LGBT+, los aspectos más graves de la ley permanecen intactos. Así, tener sexo con personas del mismo sexo se castiga ahora con cadena perpetua. La pena de muerte se impondrá por tener sexo con menores del mismo sexo, así como para las personas seropositivas que tengan sexo con personas del mismo sexo.

La ley ha provocado indignación en países occidentales. Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, dice que la UE "lamenta" la ley y la considera una violación del derecho internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la califica como una "trágica violación de los derechos humanos". El Ministro holandés de Asuntos Exteriores está "profundamente decepcionado" y el gobierno británico también ha expresado su decepción.