El periódico Washington Blade informa de las peticiones de los activistas para que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, "rinda cuentas al gobierno de Uganda" por las violaciones de derechos humanos.

Los manifestantes también quieren que la UE reconsidere el apoyo financiero prometido recientemente al país. Como mínimo, dicen los activistas, los fondos no deberían fluir a través de las instituciones gubernamentales ugandesas.

En marzo, la UE anunció un plan de alrededor de 200 millones de euros a Uganda. El dinero tiene como destino diversos sectores, incluida la industria tecnológica, las pequeñas y medianas empresas y las empresarias jóvenes. 

Sin embargo, parece poco probable que la comisaria europea Jutta Urpilainen, responsable de Asociaciones Internacionales, congele los fondos. Esta posición fue esbozada en una carta dirigida al Parlamento Europeo en septiembre del año pasado.

La ley anti-LGTB de Uganda es una de las más duras del mundo, y algunos casos de "homosexualidad agravada" conllevan la pena de muerte. Su promulgación provocó indignación y condena en Occidente. A principios de este mes, un tribunal de Uganda se negó a invalidar la ley.