La ley ha sido aprobada gracias a una gran mayoría del parlamento de Ghana, limitando así las libertades de las personas LGBT+ de manera significativa en el país de África occidental. El impulsor de la ley, Samuel Nartey George, califica a las personas LGBT+ como "peligro para la salud pública".

La homosexualidad ya era ilegal en Ghana, pero ahora también se pena la "identificación" como LGBT+. Ambos delitos conllevan una pena máxima de tres años de prisión. Proporcionar cualquier tipo de educación LGBT+ a niños se castiga con una pena de diez años de prisión, y apoyar a organizaciones LGBT+ puede acarrear una sentencia de cinco años de prisión. Además, la ley llama a la denuncia de personas LGBT+ ante las autoridades. Las penas máximas de prisión son ligeramente más cortas que en el proyecto de ley. 

La ley aún debe ser aprobada por el Presidente Nana Akufo-Addo, y las organizaciones LGBT+ le instan a no hacerlo. Akufo-Addo ha declarado anteriormente que el matrimonio entre personas del mismo sexo nunca sería legalizado bajo su mandato y que firmaría la ley si "la mayoría de los ghaneses la apoyan". Sin embargo, el año pasado, el presidente pareció considerar suavizar la ley después de una visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. No está claro si reducir la duración de las penas de prisión será suficiente para que el Presidente apoye la ley.

Las organizaciones LGBT+ expresan su preocupación. El mes pasado, Amnistía Internacional dijo que la ley es una "amenaza a los derechos y libertades fundamentales" de la comunidad LGBT+.

La directora de ONUSIDA, Winnie Byanyima, dice: "La ley exacerbará el miedo y el odio, podría incitar a la violencia y tendrá un impacto negativo en la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación". Según Byanyima, la ley pone en peligro "el éxito del desarrollo en Ghana".