El tribunal sentenció de forma unánime que Rusia ha discriminado a las tres organizaciones por motivos de orientación sexual y ha violado el derecho a la libre asociación. Además de la multa, las autoridades rusas tendrán que pagar 42 500 euros a cada una de ellas.

El gobierno ruso intentó justificar sus actos basándose en las leyes que prohíben «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales dirigida a menores». Sin embargo, el tribunal recalca que «los ciudadanos deben tener la posibilidad de crear entidades legales para actuar de forma colectiva en áreas de interés compartido», y describe este derecho como uno de los más importantes dentro del concepto de libertad de asociación. Añade además que limitar este derecho solamente porque las organizaciones defienden los derechos LGBT+ no se puede justificar en modo alguno de forma objetiva.