La propuesta de ley pretende garantizar que «la conciencia y la libertad religiosa reciban la mayor protección que permite la ley». Aunque no inhabilita las leyes antidiscriminación, permitiría que las empresas las sortearan. Si el empresario declara que toma sus decisiones a partir de sus creencias religiosas, podría negarse a dar trabajo a ciertas personas basándose en cuestiones tales como sexualidad, género, raza, religión, nacionalidad o tipo de vida.

Las organizaciones religiosas afirman que necesitan protección porque, en caso contrario, no podrían trabajar para el gobierno sin ir contra sus creencias. El ministro de trabajo, Patrick Pizzella, ha declarado: «La ley que proponemos hoy ayuda a proteger los derechos civiles de los empresarios religiosos».