El proyecto de ley permite que dos personas, independientemente de su género, firmen un contrato de convivencia ante notario. El contrato abarca derechos en materia de vivienda, apoyo a la pareja, acceso a información médica, baja por cuidados, seguro médico y beneficios fiscales, pero no legaliza el matrimonio ni las uniones civiles homosexuales.

El primer ministro, Donald Tusk, que asumió el cargo en 2023 con la promesa de revertir las políticas conservadoras de sus predecesores, se enfrenta tanto a resistencias dentro de su propia coalición como a un posible veto del presidente Karol Nawrocki, aliado del partido nacionalista PiS.

La ministra de Igualdad, Katarzyna Kotula, afirmó que el proyecto de ley fue deliberadamente limitado. "Estamos llevando al Parlamento un compromiso que creemos que cuenta con mayoría tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta", declaró tras una reunión del Consejo de Ministros.

Las organizaciones LGTBI+ han reaccionado con sentimientos encontrados, calificando la propuesta de limitada, pero aceptándola como el único paso realista posible en el actual clima político.

Así, la organización polaca Campaña contra la Homofobia afirmó: "Este no es un momento de triunfo. Tras dos años de gobierno de Tusk, por fin hay una propuesta conjunta, pero no es la ley por la que hemos estado luchando. Es una forma mínima de protección, pero quizás la única viable".