En su momento, Davis fue condenada a pagar 100.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y 260.000 dólares en costas judiciales. En su recurso frente al Tribunal Supremo, invoca el derecho a la libertad religiosa protegido por la Primera Enmienda, argumentando que la sentencia de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges, que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, fue "profundamente errónea" y debería ser revisada. Su abogado califica dicha sentencia de "ficción jurídica" y pide al tribunal que "corrija este error".

Esta es la primera vez que se solicita formalmente al Supremo la anulación de la histórica sentencia del caso Obergefell. Davis es una de las pocas personas con legitimidad activa para presentar dicha solicitud. Sin embargo, parece que muchos expertos consideran que su posibilidad de éxito es escasas: varios tribunales inferiores ya han rechazado sus apelaciones y no está claro que el Supremo en pleno, compuesto por nueve jueces, tenga la mayoría necesaria para reabrir la cuestión.

La solicitud de Davis llega en un momento en el que el movimiento conservador estadounidense pide que la competencia sobre el matrimonio igualitario regrese al ámbito estatal, de manera similar a como sucedió con el derecho al aborto en 2022 tras la revocación de la sentencia en el caso Roe contra Wade. Solo en la primera mitad de 2025, al menos nueve estados estadounidenses han presentado leyes o resoluciones destinadas a socavar Obergefell. En una línea similar, la convención del sur de la iglesia Bautista también aprobó recientemente una resolución que declara prioritaria la revocación del matrimonio igualitario. 

Las encuestas muestran que el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo popular en EE. UU., con un 70 % de estadounidenses a favor, si bien esa cifra se ha estancado desde 2020 y el apoyo entre los republicanos está disminuyendo.

Si el Tribunal Supremo revocara finalmente Obergefell, la competencia para reconocer el derecho al matrimonio igualitario volvería a cada estado. Los matrimonios existentes seguirían siendo válidos en virtud de la Ley de Respeto al Matrimonio de 2022, que garantiza el reconocimiento federal y estatal de los matrimonios ya celebrados.

El Tribunal, que actualmente cuenta con una mayoría conservadora de 6 frente a 3, decidirá en los próximos meses si acepta el caso de Davis. De hacerlo, se prevé que las vistas orales tengan lugar en la primavera de 2026 y que la sentencia se dicte en el verano de ese mismo año.