La decisión se ha producido tras las protestas de diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch. También la ONU había expresado su preocupación por el arresto del grupo. Según este organismo, las autoridades ugandesas utilizan la crisis sanitaria como excusa para discriminar a las minorías.

«La decisión de la fiscalía de retirar los cargos es la correcta, teniendo en cuenta que se habían inventado los cargos», ha declarado a la agencia Reuters Patricia Kimera, abogada de Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) y encargada de la defensa del grupo.

Kimera expresa su preocupación por la salud de algunos de los miembros del grupo, que llevaba encerrado casi cincuenta días. Al parecer estaban muy debilitados y tenían síntomas de malaria y de fiebres tifoideas. Además, los miembros del grupo con VIH no han recibido su medicación.

Los miembros del grupo, que vivían todos ellos en el mismo centro de acogida para personas sin techo LGBT+, fueron detenidos en el mes de marzo y, tal y como muestra un vídeo aparecido recientemente, fueron golpeados y humillados públicamente.

Uganda es un país conocido por su hostilidad hacia las personas LGBT+. Uno de los ministros del gobierno ugandés propuso a castigar la homosexualidad con la pena de muerte, y el año pasado fue asesinado a machetazos un activista por los derechos LGBT+.