Ecuador ha introducido nuevas normas de adopción que utilizan la orientación sexual como uno de los criterios para determinar quién puede adoptar. Según la ley, solo pueden hacerlo las parejas formadas por un hombre y una mujer, mientras que las personas que presenten una solicitud individual deben ser heterosexuales. Las organizaciones de derechos humanos afirman que estas condiciones discriminan a las personas LGBTQIA+ y podrían reducir el número de hogares adecuados disponibles para los menores.

La legislación, presentada como una forma de simplificar el sistema de adopción ecuatoriano, entró en vigor el 14 de agosto. La Asamblea Nacional la aprobó con 118 votos a favor y ninguno en contra. Su objetivo declarado es acortar los procedimientos para que los menores pasen menos tiempo en acogida.

La norma para las parejas coincide con la Constitución de Ecuador, que reserva la adopción a parejas de distinto sexo. Sin embargo, la Constitución no establece que una persona soltera deba ser heterosexual para adoptar. También prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las organizaciones LGBTQIA+ consideran que el nuevo requisito entra en conflicto con estas protecciones. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Ecuador desde 2019.

La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT calificó la agilización de las adopciones como “un objetivo legítimo y necesario”, pero rechazó que la orientación sexual sea un requisito. “Ser heterosexual no demuestra la capacidad para ejercer como padre o madre”, afirmó. La organización también preguntó cómo determinarán las autoridades si una persona que solicita adoptar individualmente cumple esta condición.

Otra parte de la ley preocupa a las familias con menores trans. Los progenitores podrían arriesgarse a perder la custodia si son acusados de “promover” la atención de afirmación de género. La ley no define claramente qué significa promoverla.

Human Rights Watch advirtió de que esta redacción podría afectar a la salud de los menores y permitir decisiones basadas en prejuicios. La federación también defendió a las familias que apoyan a menores trans y afirmó que ese apoyo “no convierte a una familia en enemiga de la infancia”.