El fallo provino de la jueza Julia Kobick en Boston, quien previamente había permitido que seis personas solicitaran pasaportes que reflejaran su identidad de género. Su último fallo se extiende ahora a todo el país y se aplica a todas las personas afectadas por la política. Kobick concluyó que dicha política probablemente viola la Constitución de Estados Unidos, ya que discrimina por razón de sexo y se basa en “prejuicios irracionales” contra las personas transgénero.

La política tiene su origen en una orden ejecutiva emitida por Trump en enero, tras su regreso a la Casa Blanca. La orden instruía al gobierno federal a reconocer únicamente el "sexo biológico" como masculino o femenino, y exigía al Departamento de Estado (su Ministerio de Asuntos Exteriores) emitir pasaportes que reflejaran el sexo de las personas asignado al nacer, eliminando opciones como la "X" para las personas no binarias.

Hasta 2024, los estadounidenses podían elegir si su pasaporte los identificaba como hombre, mujer o con una "X", una política introducida durante la presidencia de Biden.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) calificó la decisión judicial como “una victoria significativa contra la discriminación”. La campaña de Trump sin embargo reaccionó con enfado, calificando a la jueza de “activista rebelde” que promueve “una ideología de género radical”.