En el caso de Pécs, la policía prohibió el evento del Orgullo, el único fuera de la capital, el pasado 5 de septiembre - una decisión que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo húngaro (Kúria), según la organización de derechos humanos Hidden Colours. Debido a que esta marcha estaba siendo organizada por una persona particular y no por el ayuntamiento, el organizador puede llegar a enfrentarse hasta un año de prisión. Además, los participantes también corren el riesgo de ser multados y vigilados con tecnología de reconocimiento facial.

La prohibición se basa en una enmienda legislativa aprobada en abril de este año, que permite a las autoridades prohibir cualquier reunión pública que "represente o promueva la homosexualidad o la diversidad de género". Los críticos argumentan que esta medida viola la legislación europea y socava gravemente los derechos fundamentales.

A pesar de ello, Rémy Bonny, director de Forbidden Colours, ha anunciado que asistirá a la manifestación no autorizada, a la que llama un acto de solidaridad y presión política: "No podemos dejar que Orbán decida dónde se aplica la democracia y dónde no. Si permitimos que este régimen criminalice el derecho de reunión, ponemos en riesgo el futuro de la democracia europea".

Las organizaciones de derechos humanos piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que intervengan y apoyen a la comunidad LGTBQ+ húngara. Cabe destacar que se han aprobado cinco contramanifestaciones de extrema derecha para el mismo día, aumentándose así aún más la tensión.