La demanda de la Comisión Europea contra Hungría es la fase final del llamado procedimiento de infracción. Este se inicia cuando un país miembro no cumple con las leyes y reglamentos de la Unión Europea. La Comisión considera que la ley de Hungría, que prohíbe las expresiones del colectivo LGBT+ a menores, es contraria a los valores y normas comunes europeos sobre el funcionamiento del mercado interior. Además de la educación, la ley también se enfoca en los medios de comunicación, donde los personajes LGBT+ ya no pueden ser visibles. No permitir a personajes LGBT+ sería, por tanto, un obstáculo al mercado interior de productos audiovisuales.

Los húngaros se centran principalmente en el derecho de cada Estado miembro a seguir su propia política educativa. La Unión Europea no tiene voz en esa área, dice la ministra de Educación, Judit Varga. Por eso ha demandado a la Comisión Europea, al considerar que, al usar el procedimiento de infracción, estaría actuando fuera de sus competencias.

Además del derecho de los Estados miembros a moldear sus sistemas educativos, Varga enfatiza que “los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos” y no la Unión Europea. “Como en los viejos tiempos, perseveraremos hasta el final cuando se trata de proteger a nuestros hijos”.

La ley anti-LGBT+ en Hungría es una medida controvertida que forma parte de la política cultural de Vikor Orbán de oposición a la Europa occidental liberal. Por ejemplo, Orbán compara a la comunidad LGBT+ con los teóricos de la conspiración. Así, el primer ministro actúa como protector de las “normas y valores húngaros”, asemejándose a la política anti-LGBT+ de Vladimir Putin.

Aunque la Comisión Europea se opone enérgicamente a la ley, también hay críticas para Europa. Por ejemplo, los activistas piensan que el Consejo Europeo es demasiado blando con Orbán y su retórica. De hecho, varios eurodiputados llevan años molestos con la actitud del Consejo. Para reforzar la demanda de la Comisión, varias organizaciones LGBT+ esperan que los Estados miembros presenten ahora declaraciones de apoyo al Tribunal Europeo, y han iniciado una petición en este sentido.