La enmienda, adoptada por una mayoría muy ajustada en el parlamento, prohíbe además la gestación subrogada. El primer ministro Robert Fico y la coalición que ha aprobado la enmienda argumentan que la medida busca "proteger los valores tradicionales". Amnistía Internacional Eslovaquia sin embargo, condena los cambios al considerarlos "draconianos" y contrarios al derecho internacional.

Según el grupo LGTBQ+ Iniciatíva Inakosť, la enmienda prohíbe explícitamente el reconocimiento legal del género y pone en el punto de mira a las personas trans e intersexuales. Desde la votación, la organización ha recibido decenas de llamadas y correos electrónicos desesperados de ciudadanos preocupados.

El resultado de la votación sorprendió a muchos porque el gobierno de Fico no tenía suficientes votos por sí solo, pero logró el apoyo de varios diputados de la oposición. Los críticos afirman que el primer ministro está utilizando la Constitución para fomentar la división y desviar la atención de la mala situación económica. Beata Balagová, directora de SME, calificó la medida de "juego político".

Cabe destacar que la enmienda también declara la superioridad de la legislación eslovaca sobre la de la UE en materias de "identidad nacional" lo que, según numerosos expertos legales, podría provocar enfrentamientos con las instituciones europeas. Amnistía Internacional subraya que los cambios fortalecen al Estado a expensas de sus ciudadanos.

Por su parte, numerosos observadores señalan que este tipo de enmiendas se encuadran dentro de un patrón más amplio en Europa Central, donde los gobiernos apelan a la "identidad nacional" y a los "valores tradicionales" para socavar derechos democráticos. Si bien la aceptación pública de las personas LGTBQ+ ha ido en aumento en Eslovaquia, los políticos de Bratislava parecen decididos en su retroceso.