El caso fue presentado por Kim Davis, una antigua funcionaria del registro civil del estado de Kentucky que, en 2015, se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo basándose en sus creencias religiosas. Davis se convirtió en un símbolo de la resistencia conservadora a la igualdad matrimonial y fue brevemente encarcelada por desobedecer una orden judicial.

En su última apelación, Davis solicitó al Tribunal Supremo no solo que reconsiderara su caso, sino que revisara también el histórico fallo Obergefell c. Hodges, que estableció la igualdad matrimonial en todo el país. Los magistrados rechazaron escuchar el caso y no ofrecieron comentarios al respecto.

La decisión llega en un momento en que las organizaciones LGTBIQ+ se mantienen cautelosas, especialmente tras la polémica decisión del alto tribunal en 2022 de revocar el derecho federal al aborto. Por aquel entonces, el magistrado Clarence Thomas propuso revisar algunos fallos previos, incluidos los que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, una declaración que despertó gran inquietud en la comunidad LGTBIQ+.

Los abogados de Davis, miembros del grupo conservador Liberty Counsel, aseguran que seguirán intentando impugnar el fallo Obergefell. No obstante, pese a la actual mayoría conservadora de 6 a 3 en el alto tribunal, parece haber poco apetito entre los magistrados por reabrir el debate sobre el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Aunque el fallo representa un alivio para muchas personas LGTBQI+ en Estados Unidos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que, en los últimos años, los tribunales han tendido a priorizar la libertad religiosa por encima de los derechos LGTBQI+. La lucha legal por la plena igualdad, recalcan, está lejos de concluir.