Davis, que entonces ejercía como funcionaria en Kentucky, acaparó la atención internacional en 2015 al desobedecer una orden judicial y negarse a expedir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo, alegando actuar bajo la “autoridad de Dios”. Debido a ello, fue brevemente encarcelada por desacato al tribunal.

Ahora, Davis solicita al Supremo no solo que anule las sentencias adversas dictadas por tribunales inferiores en su contra, sino también que reexamine el histórico fallo Obergefell v. Hodges de 2015, que reconoció el derecho constitucional al matrimonio igualitario en todo Estados Unidos.

Pese a la controversia judicial, el apoyo público al matrimonio igualitario sigue siendo sólido. Según una encuesta realizada por Gallup en mayo de 2024, el 69 % de los estadounidenses considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal. El apoyo es mayor entre los afiliados al partido demócrata (83 %), seguido de los independientes (74 %), si bien es menor entre los republicanos (46 %).

A comienzos de este año, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito desestimó el argumento presentado por Davis de que su negativa a expedir licencias estaba protegida por la libertad religiosa, al determinar que actuaba en calidad de funcionaria pública y no como ciudadana privada. Previamente, un jurado había fallado a favor de la pareja a la que se le había negado la licencia matrimonial, otorgándoles una indemnización de 50.000 dólares.

En el seno del Tribunal Supremo, las posturas parecen estar divididas. Clarence Thomas y Samuel Alito han sostenido que Obergefell se extralimitó al ampliar derechos constitucionales, mientras que Amy Coney Barrett ha señalado recientemente que millones de estadounidenses han organizado sus vidas y su estatus legal en torno al matrimonio igualitario.

Si el Supremo decidiese no admitir el caso, se mantendrían los fallos anteriores contra Davis. Dicha decisión, de producirse, podría darse a conocer alrededor del 10 de noviembre. En cambio, si el tribunal optase por revisarlo, podría suponer el mayor reto al matrimonio igualitario desde 2015, con repercusiones de gran alcance para los derechos LGTBQ+ en Estados Unidos.