Según el texto, cualquier persona que muestre públicamente o fomente comportamientos considerados por las autoridades como “contrarios a su sexo biológico y a la moral pública” podría enfrentarse a penas de prisión de entre uno y tres años. Las ceremonias de compromiso o bodas simbólicas entre parejas del mismo sexo podrían acarrear penas de entre un año y medio y cuatro años de cárcel. La pena máxima por actos sexuales en público también aumentaría de uno a tres años.

El acceso a las cirugías de afirmación de género también se restringiría aún más. Así, la edad mínima de quien desee acceder a dicho tratamiento aumentaría de 18 a 25 años, su estado civil ha de ser soltero, ha de someterse a cuatro evaluaciones médicas a lo largo de tres meses y ha de obtener un informe médico de un hospital autorizado por el Ministerio de Salud que confirme que la cirugía es “psicológicamente necesaria”. Los médicos que realicen cirugías sin seguir estas pautas podrían enfrentarse a penas de entre tres y siete años de prisión y multas, según el proyecto de ley.

El gobierno afirma que las medidas buscan proteger la “institución familiar” y garantizar la crianza de “generaciones física y mentalmente sanas”. Sin embargo, los críticos consideran la propuesta como una grave restricción de las libertades fundamentales. Yıldız Tar, editor jefe del medio turco de noticias LGTBQ+ Kaos GL, la describió como “un ataque a la libertad misma, no solo a las personas LGTBQ+”.

Por su parte, Abdullah Güler, presidente del grupo parlamentario del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), enfatizó que el plan sigue siendo un borrador. Explicó que la propuesta aún está siendo debatida entre varios ministerios y que se están revisando ejemplos internacionales antes de presentar un proyecto de ley formal al Parlamento.