El alcalde de Budapest, bajo investigación criminal por autorizar una marcha del Orgullo que batió récords

A pesar de la prohibición oficial del gobierno húngaro, el Orgullo de Budapest se celebró el pasado 28 de junio gracias a una laguna legal encontrada por el alcalde de la ciudad, Gergely Karácsony. Con más de 200.000 asistentes, fue el mayor evento del Orgullo celebrado en el país hasta la fecha. Ahora, Karácsony está bajo investigación criminal por su papel como organizador.
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La policía nacional húngara confirmó a medios locales que Karácsony será interrogado próximamente como sospechoso. Al parecer, el alcalde aprovechó una laguna en la ley registrando el evento como una actividad municipal, eludiendo así la necesidad de obtener un permiso policial. Desde marzo, este tipo de eventos han sido explícitamente prohibidos por el gobierno escudándose en la “protección de la infancia”.

La nueva ley, que prohíbe las reuniones públicas que “promuevan o muestren contenido LGTBQ+”, había sido usada por la policía precisamente para negar el permiso de la marcha anual del Orgullo en Budapest en un primer momento. Sin embargo, la ingeniosa maniobra de Karácsony permitió que el evento se celebrara sin necesidad de aprobación oficial de las autoridades.

“Ahora soy oficialmente un sospechoso”, escribió Karácsony en Facebook el jueves. “Si ese es el precio que debemos pagar por nuestra libertad —y la de los demás—, entonces lo llevo con orgullo”.

Se estima que hasta 200.000 personas participaron en la marcha del Orgullo de este año, convirtiéndola en la edición más multitudinaria hasta la fecha. Si bien la policía se había comprometido previamente a no procesar a los participantes, se informa que la oficina nacional de investigación mantiene una investigación sobre los organizadores. Karácsony es el primer sospechoso en haber sido nombrado como tal.

El alcalde ya había declarado que asume toda la responsabilidad por la organización del evento. “Estoy preparado para defenderme en los tribunales”, dijo a medios locales.

El caso pone de relieve una vez más las crecientes tensiones entre gobiernos locales progresistas y la administración nacional conservadora de Viktor Orbán, que sigue enfrentándose a críticas internacionales por su normativa anti-LGTBQ+.

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