La normalización del discurso de odio entre líderes políticos y religiosos ha llevado a niveles récord de violencia contra el colectivo LGTBI. Los ataques motivados por prejuicios y los crímenes de odio han aumentado en toda Europa. En Polonia, Serbia, Italia y Bélgica, el acoso y las agresiones físicas están aumentando. La encuesta EU-LGTBIQ III (2024) reveló que el 55% de los encuestados había sufrido acoso en el último año, en comparación al 37% revelado en 2019. Las tasas de acoso escolar aumentaron del 46% al 67%. Informes sobre los Países Bajos y España muestran asimismo una creciente discriminación pública y ataques violentos contra personas LGTBI.
Los gobiernos de Albania, Italia, Eslovaquia y Hungría presentan los derechos LGTBI como una amenaza a los valores tradicionales. Mientras tanto, en Georgia, Hungría, Irlanda, Rumanía y Reino Unido se ha restringido firmemente la atención sanitaria de personas trans. Además, se han aprobado o propuesto leyes de "propaganda LGTB" que criminalizan la visibilidad y los debates LGTBI en Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Kazajistán, Eslovaquia y Rusia, limitando así la representación del colectivo en el ámbito educativo y los espacios públicos. En Suecia se ha debatido la inclusión de temas LGTBI en las escuelas, si bien las protecciones legales siguen vigentes.
Los solicitantes de asilo LGTBI también se enfrentan a grandes obstáculos debido a políticas restrictivas y falta de apoyo. Informes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos señalan deficiencias en las viviendas y evaluaciones defectuosas en los programas y procesos de asilo.
Más allá de las medidas mencionadas, las leyes sobre "agentes extranjeros" de Bulgaria, Georgia, Hungría, Kirguistán y Montenegro apuntan a organizaciones de la sociedad civil, obligando a grupos LGTBI a registrarse como entidades financiadas desde el extranjero, socavando así su credibilidad y funcionamiento. En Alemania y España, varios grupos conservadores han intentado limitar la defensa de los derechos LGTBI, aunque no se han aprovado reformas legales formales. Estas tendencias ponen de manifiesto un deterioro más amplio de las libertades democráticas.
A pesar de estos desafíos, los tribunales de Alemania, Francia, los Países Bajos y Suecia siguen defendiendo los derechos del colectivo LGTBI, resolviendo sobre solicitudes de asilo, la regulación del discurso de odio y el reconocimiento legal de género. Algunos gobiernos también han reforzado las leyes contra el discurso de odio para combatir la discriminación.
A medida que crece la influencia de la extrema derecha, las personas LGTBI se convierten cada vez más en chivos expiatorios con fines políticos. El informe de ILGA-Europa vincula todas estas restricciones con el debilitamiento de las instituciones democráticas, subrayando las repercusiones más amplias de estos cambios.
