El domingo 22 de junio, la policía de Bogor, una población cercana a Yakarta, la capital indonesia, llevó a cabo una redada en una villa alquilada en la zona de Puncak. Las autoridades describieron el encuentro como una "fiesta gay". Según la policía, la redada se produjo tras la recepción de varias denuncias de residentes locales sobre "actividades homosexuales". En total fuero arrestadas 75 personas, 74 hombres y una mujer.
Tras su detención, los participantes de la supuesta fiesta gay fueron trasladados a la jefatura policial de Bogor para ser interrogados, sometidos a controles médicos y a pruebas de VIH. La policía afirmó haber encontrado varias pruebas en la redada: juguetes sexuales, cuatro preservativos y una espada presuntamente utilizada durante un espectáculo de danza. Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre de ninguno de los detenidos.
Wirya Adiwena, subdirectora de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en Indonesia respondió así a la redada: “Esta redada discriminatoria realizada en una villa alquilada constituye una flagrante violación de los derechos humanos y a la privacidad, y ejemplifica el entorno hostil que sufren las personas LGTBI en Indonesia”. “Esta reunión no violaba ninguna ley ni representaba ninguna amenaza. Las autoridades indonesias deben poner fin a estas redadas humillantes basadas en el odio”.
La redada forma parte de un patrón más amplio de medidas represivas contra la comunidad LGTBI en Indonesia. Así, este año, nueve personas fueron detenidas durante una redada similar en el sur de Yakarta el 24 de mayo, y otras 56 personas fueron detenidas durante otra redada el 1 de febrero. Estas redadas se amparan legalmente en artículos algo vagos de la Ley de Pornografía de Indonesia, frecuentemente utilizada para atacar de manera deliberada a personas del colectivo LGTBI.
Según Amnistía, las autoridades indonesias deben no solo liberar inmediatamente a las personas detenidas, sino que también deben asumir la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos derivadas de dichas redadas. La organización pide al gobierno que cree un entorno seguro en el que las personas del colectivo LGTBI puedan vivir sin temor a la discriminación, la intimidación o el arresto.
